Títulos falsos: cuando el Estado se pone en oferta
En Colombia estamos viendo cómo un atajo académico puede convertirse en trampolín político. El caso de Juliana Guerrero lo expuso con crudeza: una “graduación exprés” en la Fundación Universitaria San José que terminó en denuncia penal de la propia institución contra su exsecretario general por obtención de documento público falso y daño informático, y con la designación de Guerrero enredada por irregularidades en su formación. La universidad, además, admite que no sería un hecho aislado. Esto no es un lapsus administrativo: es un esquema que pone en venta el principal filtro de mérito del servicio público.
El eje del debate no es semántico; es regulatorio y ético. En Colombia, presentar el examen Saber Pro es requisito para graduarse de programas profesionales; en el expediente de Guerrero, no lo había presentado antes del grado, según confirmó el rector y documentó la prensa internacional, mientras la institución ofrecía rutas aceleradas con convalidaciones exprés. Cuando una universidad entrega diplomas sin cumplir requisitos, convierte el título en un documento inválido y dinamita la confianza en todo el sistema.
No nos digamos mentiras: en el Huila también pasa. Hace pocos años, el director de TIC de Neiva cayó por títulos falsos con errores grotescos en el propio diploma (“Unibersidad”, “Neiba”), y aceptó cargos disciplinarios. Es el mismo patrón: hojas de vida embellecidas, papeles truchos y controles débiles que abren la puerta a capturar cargos con credenciales de papel. El daño no es simbólico: un falso profesional toma decisiones, firma actos, contrata, y deja sobrecostos y servicios mediocres pagados con impuestos.
Lo de Guerrero destapa la maraña: operadores internos que “facilitan” grados, promesas de títulos en meses, validaciones sin trazabilidad, y luego cargos públicos para gente sin el recorrido real. La San José ya despidió a su equipo responsable y elevó denuncias, y medios nacionales revelan posible venta de diplomas por sumas millonarias. No basta con comunicar la crisis: se requieren sanciones efectivas, vigilancia intensiva del MEN, y cruces automáticos entre SNIES/Observatorio de Graduados, ICFES (Saber Pro), SIGEP II (Función Pública) y antecedentes disciplinarios antes de posesionar a nadie.
¿Qué hacer desde el Huila? Primero, tolerancia cero: nadie se posesiona sin verificación documental independiente (título, acta, certificado de presentación de Saber Pro, pensum cursado, histórico de notas y constancia de que el programa existe y está vigente en SNIES). Segundo, tablero público de los nombramientos de alto nivel con trazabilidad de la verificación (qué se comprobó, cuándo y cómo). Tercero, convenios con la Fiscalía y Procuraduría para respuestas exprés ante alertas de falsedad y cláusulas de retiro inmediato por suplantación o fraude documental. No es show: es debida diligencia.
A los partidos y a los gobiernos: el mérito no se terceriza. Si patrocinan “meteóricos” ascensos con títulos bajo sospecha, se vuelven cómplices del fraude. Y a las universidades del departamento: revisen sus controles internos o lo pagarán sus egresados honestos con devaluación de marca. La fe pública se reconstruye con verificación, transparencia y sanción, no con comunicados. El Huila ya aprendió con el caso Neiva; ahora, con el escándalo nacional, no hay excusa: sin título válido, no hay cargo; sin mérito real, no hay poder.
