Fracaso en seguridad: el Huila se le salió de las manos a Rodrigo Villalba
La seguridad en el Huila atraviesa uno de sus peores momentos recientes, y el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera no ha logrado contener la ola de violencia que golpea a todo el territorio. Pese a los anuncios oficiales y a la estrategia departamental “Unidos Más Seguros”, los indicadores muestran un departamento sitiado por atentados, masacres, desplazamientos y delitos rurales en ascenso.
En abril, una motobomba en pleno casco urbano de La Plata dejó dos muertos y treinta y un heridos, entre ellos diez menores de edad. El hecho, atribuido a disidencias de las FARC, puso en evidencia que las estructuras ilegales conservan control en corredores estratégicos del occidente huilense. Apenas unos meses después, en julio, dos masacres estremecieron al departamento: cuatro personas asesinadas en La Plata y tres más en Timaná, confirmando la falta de respuesta efectiva frente a la violencia selectiva.
El 13 de agosto, la violencia tocó directamente a la política regional. El vehículo blindado del congresista Julio César Triana fue atacado a bala en la vía Neiva–La Plata. Aunque el representante salió ileso, el atentado reveló la vulnerabilidad de las vías principales y la incapacidad de la administración departamental para garantizar la seguridad en corredores críticos.
La Defensoría del Pueblo había advertido el panorama con la Alerta Temprana 001-2025, que señalaba a veinte municipios en riesgo alto por confrontaciones armadas. Incluso, en julio, reiteró la “materialización de riesgos” que exigía acciones urgentes. Sin embargo, las recomendaciones quedaron en el papel: las masacres, los atentados y el incremento de los homicidios ocurrieron justamente en los territorios advertidos.
Los números hablan por sí solos. Hasta el 26 de julio, el Huila registraba 136 homicidios en 2025, con La Plata mostrando un incremento del 138 % y convirtiéndose en el segundo municipio más violento después de Neiva. A esto se suma el desplazamiento forzado, que en lo corrido del año ya alcanzaba 475 víctimas, con Neiva reportando 300 personas expulsadas de sus hogares solo en el primer semestre.
El campo tampoco escapa a la inseguridad. El abigeato y el carneo se dispararon en 2025 con más de 100 reses sacrificadas ilegalmente y cerca de 50 casos registrados en municipios como Rivera, Neiva, Yaguará, Aipe, Campoalegre, Gigante y La Plata. Los ganaderos y campesinos denuncian abandono y falta de control real en las zonas rurales.
La conclusión es clara: el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera ha fallado en garantizar la seguridad en el departamento. Con atentados, masacres, desplazamientos, homicidios y delitos rurales en aumento, la política de seguridad departamental se quedó en anuncios y consejos de seguridad reactivos. La distancia entre el discurso oficial y la realidad que viven los huilenses evidencia un fracaso que se traduce en vidas perdidas y comunidades desprotegidas.
