El descarado doble rasero del impuesto predial en Colombia y el Huila

En Colombia, y particularmente en el Huila, el tema del impuesto predial parece diseñado para profundizar las desigualdades entre el campo y la ciudad.

Mientras al campesino se le exprime hasta el último peso por una hectárea que apenas le alcanza para subsistir, en las zonas urbanas aparecen casos escandalosos de proyectos nuevos que, según investigaciones, pagan apenas mil pesos de impuesto predial al año. Sí, mil pesos: menos que lo que cuesta un tinto en la esquina.

¿A quién beneficia semejante distorsión? La respuesta es obvia: al constructor. Las oficinas de catastro han venido calculando avalúos que parecen hechos a la medida de los intereses de las grandes constructoras, olvidando que la función esencial de este sistema es garantizar justicia tributaria y fortalecer las finanzas públicas.

En contraste, al campesino que lucha contra la inclemencia del clima, la informalidad y la falta de vías, se le cobra un impuesto calculado sobre avalúos cada vez más altos. Es decir, quien menos gana, más paga; y quien más gana, paga menos. Una ecuación absurda que desnuda a quién sirve la política catastral.

Lo más grave es que este “descuento silencioso” a favor de los urbanizadores no solo desangra las finanzas municipales —quitando recursos a inversión social, educación, vías y servicios públicos— sino que también convierte al Estado en cómplice de un modelo económico excluyente. Porque mientras el campesino se atrasa en el pago del impuesto y queda en riesgo de embargo, el gran constructor asegura utilidades millonarias sin aportar lo que en justicia le corresponde.

Es hora de preguntarnos: ¿qué clase de desarrollo se está promoviendo? ¿Un desarrollo que subsidia a los que ya tienen el poder económico, o uno que equilibre las cargas y contribuya a cerrar brechas sociales?

El impuesto predial no debería ser un premio a los urbanizadores ni un castigo al campesino, sino una verdadera herramienta de justicia fiscal.