Atentado a Miguel Uribe revela maraña criminal en nueve localidades de Bogotá
El ataque a bala del 11 de junio que dejó gravemente herido al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay reactivó el debate sobre la seguridad capitalina y abrió la puerta a un análisis profundo de las economías ilegales que se disputan la ciudad.
Las primeras diligencias de la Fiscalía condujeron a la captura de cuatro personas: el autor material, un menor de quince años, y tres colaboradores que asumieron la logística del golpe. Sus declaraciones, aunque aún no señalan al determinador, delinean una red que enlaza barrios populares con organizaciones criminales de alcance nacional e incluso transnacional.
El adolescente, residente en Villas de Alcalá (Engativá), aseguró que “el de la olla” le ofreció veinte millones de pesos como retribución posterior al atentado. En esa zona funcionan al menos dos puntos de expendio que, además de vender droga, almacenan armas, coordinan hurtos y reparten órdenes de sicariato.
Investigaciones periodísticas han identificado alrededor de 400 “ollas” distribuidas en Bogotá, una por cada cinco barrios. En esos enclaves convergen vendedores, sicarios y extorsionistas que alimentan las finanzas de grandes estructuras como el Clan del Golfo y el Tren de Aragua, enfrentadas desde 2024 por el control de nueve localidades. Su modelo —tercerización, subordinación y franquicias— dificulta la trazabilidad penal.
La Fiscalía detectó “corredores criminales” que conectan Engativá con Santa Fe y sirven para mover armas, droga y contrabando. El menor capturado operaba en su sector, pero fue reclutado por una célula de sicarios que habitualmente se desplaza al otro extremo de la ciudad, ilustrando la flexibilidad de estas bandas.
Entre enero y junio, la Policía reportó 345 detenciones de menores por diversos delitos, con solo 45 registros vinculados a reclutamiento. El agresor había pasado fugazmente por el programa “Jóvenes en Paz”, donde recibió 1,5 millones de pesos antes de desertar. Expertos advierten que la pobreza juvenil y la demanda de drogas consolidan redes cada vez más adaptables, mientras la búsqueda de los autores intelectuales continúa.
