Alarmante pérdida en fondos carcelarios

De ese monto, $ 7.845 millones correspondían a gastos de funcionamiento —nómina, insumos y servicios esenciales— y $ 13.619 millones a inversión, incluida la ampliación de cupos y proyectos de resocialización. La Contraloría subrayó que la inejecución presupuestal mantiene la ejecución global de 2025 en apenas 21 %, mientras el hacinamiento carcelario ya ronda el 27 %, con pabellones donde los internos duermen hacinados en el suelo.

La lupa fiscal se dirige primero al director general encargado, Fidel Ignacio Espitia Ordóñez, abogado con especialización en Derecho Administrativo que asumió el 7 de abril de 2025 y funge como máximo ordenador del gasto de la entidad.   También recae sobre la subdirectora administrativa, Karol Vanessa Ortigoza Vargas, administradora de empresas y exdiputada del Huila, posesionada en enero de 2024; su despacho firma cada registro presupuestal y orden de pago, por lo que la caducidad masiva de recursos pasa directamente por sus controles.

Voceros de la Contraloría explican que estos hallazgos abren un proceso de responsabilidad fiscal, mientras la Procuraduría evaluará eventuales faltas disciplinarias por negligencia grave. Si el detrimento se confirma, Espitia, Ortigoza y otros funcionarios podrían afrontar reintegro solidario de los recursos y sanciones que incluyen inhabilidades para ejercer cargos públicos.

La situación agrava la crisis penitenciaria: los $ 21 000 millones desperdiciados habrían alcanzado para levantar al menos dos nuevos pabellones de 250 cupos cada uno o financiar un año completo de alimentación para más de siete mil reclusos. Mientras tanto, la USPEC guarda silencio oficial y el Ministerio de Justicia, del cual depende la entidad, aún no ofrece un plan concreto para ejecutar los fondos de 2025 antes de que se repita la historia de subejecución que hoy tiene al sistema penitenciario al borde del colapso.