El Huila ante la alerta democrática: cuando el voto se convierte en acto de valentía
A menos de un mes de las elecciones legislativas del 8 de marzo, Huila enfrenta una de las crisis democráticas más graves de su historia reciente. Los datos son contundentes y alarmantes: la Misión de Observación Electoral acaba de ubicar a Neiva, La Plata y Algeciras en riesgo electoral extremo, una categoría que ningún municipio huilense había alcanzado en los comicios de 2022. Más preocupante aún: el departamento pasó de tener 5 municipios en riesgo hace cuatro años a 20 municipios amenazados en este ciclo electoral.
No se trata de cifras abstractas ni de alarmismo infundado. Hablamos de la posibilidad real de que miles de huilenses no puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de libertad y seguridad. Hablamos de candidatos que podrían ser intimidados, de líderes sociales amenazados, de comunidades enteras sometidas al control territorial de grupos armados ilegales. Hablamos, en definitiva, de una democracia en peligro.
Que Neiva, la capital del departamento, figure en la lista de riesgo extremo es un síntoma de un problema estructural que no podemos seguir ignorando. No se trata solo de una ciudad periférica o un municipio apartado, sino del corazón político, económico y administrativo del Huila. Si la capital no puede garantizar elecciones libres y transparentes, ¿qué podemos esperar del resto del territorio?
En 2022, Neiva no figuraba en ningún mapa de riesgo electoral. Cuatro años después, comparte categoría con zonas históricamente conflictivas del país. Este salto cuantitativo y cualitativo debe hacer sonar todas las alarmas en la Gobernación, la alcaldía, la Policía, el Ejército y la Fiscalía. Pero, sobre todo, debe movilizar a la ciudadanía.
El Gobierno nacional y las autoridades departamentales tienen una responsabilidad histórica en este momento. No basta con leer informes y hacer declaraciones de preocupación: se requieren acciones concretas, coordinadas y urgentes.
Primero, activar la Comisión de Seguimiento Electoral con participación de todas las fuerzas políticas, organismos de control, fuerza pública y sociedad civil. Esta comisión debe reunirse semanalmente hasta el 8 de marzo y diseñar estrategias diferenciadas para cada municipio, según su nivel de riesgo.
Segundo, garantizar presencia institucional robusta en los 20 municipios en riesgo. No podemos permitir que el Estado brille por su ausencia mientras los grupos armados imponen su ley. La Policía y el Ejército deben reforzar su presencia, pero también la Registraduría, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría.
Tercero, proteger a candidatos, líderes sociales y periodistas. Las medidas de seguridad no pueden ser una formalidad burocrática. Cada amenaza debe ser investigada con celeridad y cada líder amenazado debe contar con esquemas de protección efectivos.
Cuarto, implementar veedurías ciudadanas masivas. La observación electoral no puede ser tarea exclusiva de la MOE o de organismos internacionales. Cada huilense comprometido con la democracia debe convertirse en veedor, en testigo, en guardián de la transparencia.
Los huilenses no podemos ser espectadores pasivos de este deterioro democrático. El 8 de marzo no será un domingo cualquiera: será una prueba de fuego para nuestra capacidad de defender la democracia en medio de la adversidad. Votar en estas circunstancias será un acto de valentía cívica. Pero esa valentía debe ir acompañada de garantías estatales que hoy no existen.
El Gobierno nacional, la Gobernación del Huila y las alcaldías tienen 25 días para demostrar que la institucionalidad es más fuerte que el miedo.
Si permitimos que la violencia y el fraude contaminen estas elecciones, no solo estaremos eligiendo mal a nuestros congresistas: estaremos renunciando a nuestra condición de ciudadanos libres. Y eso, en democracia, es inaceptable.
