Ferias de vivienda: escaparate de promesas que terminan en estafas
Cada año, en distintos escenarios del país y del departamento del Huila, se realizan ferias de vivienda que se presentan como la gran oportunidad para que cientos de familias cumplan el anhelado sueño de tener casa propia. Con coloridos stands, discursos esperanzadores y promesas de financiación accesible, estos eventos atraen a miles de ciudadanos que depositan su confianza en lo que se muestra como una oferta segura y respaldada por la institucionalidad. Sin embargo, la realidad que se esconde detrás de muchas de estas vitrinas es mucho menos alentadora.
A lo largo y ancho del municipio de Neiva y en sus zonas aledañas existen proyectos de vivienda que enfrentan serios problemas de legalización, licenciamiento y prestación de servicios públicos, pese a haber sido ampliamente promocionados en este tipo de ferias. Detrás de las fachadas bien diseñadas y las promesas de entrega rápida, varias familias han terminado atrapadas en procesos interminables de incumplimiento, obras inconclusas y litigios legales que convierten el sueño de un hogar propio en una verdadera pesadilla.
El problema no radica únicamente en los constructores, sino también en la falta de responsabilidad y verificación por parte de las entidades —públicas y privadas— que promueven o acompañan estos eventos. La presencia de sellos institucionales, bancos o dependencias oficiales genera una sensación de confianza que muchas veces no se corresponde con la realidad. Promover desarrollos sin verificar su situación jurídica o técnica convierte a los organizadores en cómplices indirectos de un modelo de mercado que prioriza la venta sobre la legalidad.
Más que ferias de vivienda, el país necesita espacios de transparencia, control y verificación, donde los proyectos que se exhiban cuenten con licencias urbanísticas vigentes, servicios públicos garantizados y mecanismos de seguimiento posterior a la venta. Cada caso de incumplimiento deja heridas profundas no solo en las finanzas de las familias afectadas, sino también en la confianza ciudadana en las instituciones que deberían protegerlas.
El derecho a la vivienda digna no puede seguir dependiendo de vitrinas llenas de promesas. Se requiere rigor, responsabilidad y ética, para que la ilusión de un hogar propio no siga convirtiéndose en el punto de partida de una estafa con respaldo institucional.
