Bogotá se sacude con la decisión del Tribunal Superior que ordena el encarcelamiento de Carlos Ramón González, otrora hombre de confianza del Ejecutivo.

En un fallo que resuena en los pasillos del poder, el juez Leonel Rogeles describió un engranaje “pesadamente lubricado” con dineros de la UNGRD, destinado —según la Fiscalía— a seducir voluntades parlamentarias. El exdirector del Dapre, acusado de cohecho, peculado y lavado, se declaró inocente; sin embargo, su abrupta salida hacia Nicaragua tiñe de sospecha el proceso.

La toga sentenció que solo la reclusión disipa la sombra de una eventual fuga, mientras la opinión pública contempla, estupefacta, cómo un nombre emblemático del gobierno desciende al banquillo de los acusados.